El pasado 5 de abril, el Gobierno de Cuitláhuac García debió pagar, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, casi 90 millones de pesos al ayuntamiento de Xalapa, derivado de la controversia constitucional 202/2016 promovida por el propio municipio, el 7 de noviembre de 2016, exigiendo el pago de las participaciones federales que Javier Duarte no les cubrió.
Es l Gobierno de Veracruz, desacatando el dictamen de la Suprema Corte, dejó pasar los 90 días hábiles que le asignaron para pagar al municipio xalapeño. Ante ello, el pasado 20 de mayo, el Ministro Ponente, Arturo Zaldívar, dio un plazo de 48 horas para su cumplimiento, mismo que tampoco se cumplió.
Este último plazo venció el pasado 25 de mayo, y para evitar que la Suprema Corte pudiera solicitar la destitución del Gobernador por su adeudo con Xalapa, el ayuntamiento, de extracción morenista, sesionó de manera extraordinaria a su Cabildo con la intención de llegar a un acuerdo con Cuitláhuac Garcia, y así, evitar que el mandatario fuera sancionado.
La instrucción de la Suprema Corte fue que el Gobierno de Veracruz pagara en una sola exhibición el adeudo con Xalapa, sin embargo, el Cabildo del municipio xalapeño acordó que, derivado de la situación financiera del estado, Cuitláhuac García pague en tres parcialidades, entre el 30 de mayo y el 31 de julio.
Resulta evidente, (y hasta natural, por asuntos de partido), que el municipio xalapeño ayude a la administración de Cuitláhuac García para salir de este problema, mismo que podría significar, después de algunos pasos, su destitución como Gobernador.
Si bien es cierto los adeudos que el Gobierno de Veracruz tiene con varios municipios por recursos federales no entregados durante el 2016, corresponden a la gestión de Javier Duarte, el que debe cubrirlos es Cuitláhuac Garcia, por instrucción de la SCJN.
A pesar de que el municipio xalapeño buscara librar al Gobernador de pagar su adeudo en los tiempos y condiciones obligadas, lo cierto es que el Poder Ejecutivo de Veracruz incumplió los términos instruidos por la Suprema Corte, y será el Ministro Zaldívar quien decida, con la ley en la mano, cuál será el destino del Gobernador García.
Si bien es cierto este municipio apoyó a Cuitláhuac García, derivado (entre otros aspectos) de los colores que comparten, difícilmente ocurrirá lo mismo con otros ayuntamientos donde hay adeudos mayores, y que por cierto, no son morenistas.
En términos planos y concretos, el Gobierno de Cuitláhuac García desacató las órdenes de la Suprema Corte, cosa que ni su jefe en Palacio Nacional, por respeto e institucionalidad, se atreve a hacer.
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