Seamos honestos y claros, cuando Enrique Ochoa Reza llegó a la Dirigencia Nacional del PRI se comprometió a «limpiar la casa», a combatir la corrupción de aquellos militantes a todas luces impresentables. No le creí en lo absoluto, pensé que era el clásico discurso ochentero del viejo tricolor, y hoy, Javier Duarte está en la antesala de ser expulsado de su partido.
No sé si el Gobernador veracruzano acabe fuera o le retornen sus derechos como militante; eso ya dependerá del resultado que arroje la investigación de la PGR. Si se le encuentra culpable de algún delito procedería su expulsión.
Se me antoja complicado, en definitiva, que el PRI procediera de esta forma sin un adelanto de la instancia federal encargada de indagar.
Enrique Ochoa convirtió a Javier Duarte en el primer mandatario en funciones que pierde, en la historia del partido, aunque sea de manera temporal, sus derechos como militante. Ninguno de los ex gobernadores priístas que hoy se encuentran tras las rejas vivieron esta situación como Ejecutivos. Roberto Borge quizá pronto corra la misma suerte, más no en las condiciones del veracruzano.
¿Qué tanto le alcanzará al PRI de Ochoa Reza con el movimiento sobre Javier Duarte? ¿Le permitirá recuperar algo del gran terreno perdido en la opinión pública nacional? ¿Serán los casos de Veracruz, y próximamente de Quintana Roo, suficientes para empezar a encarar la elección del 2017? Lo sabremos con certeza el próximo 4 de junio.
Ahora bien, ayer trascendió que algunos de los siete veracruzanos que perdieron sus derechos partidistas junto con Javier Duarte, no son en realidad militantes. Uno de ellos, Juan Carlos Rodríguez García, incluso lo dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva. Se manejó también que el ex Delegado de Economía, José Antonio Chara Mansur Beltrán tampoco es priísta. Hay más casos.
Ya por la tarde, al respecto, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria emitió un comunicado donde reafirmó, categóricamente, que contaba con los registros de militancia de ambos personajes. Ni por quién inclinarse. Este «toma y daca», este subdiscurso, esta dinámica subterránea, estos intercambios entre los señalados y el PRI de Enrique Ochoa continuarán, cuando menos, durante dos meses, o bien, hasta que la PGR brinde un veredicto.
Más allá del destino que espere a los siete suspendidos, exonerados o no, lo cierto es que la «estrella» de exhibir al gobernador Javier Duarte no se la pudo llevar Miguel Yunes como hubiera querido, no tendrá la oportunidad de obtener el crédito completo de cortar orejas y rabo de la forma que deseaba. El PRI, que por cierto no se manda solo, se lo robó oportunamente, justo en la antesala de las elecciones del 2017.