La rendición de cuentas no comienza cuando un secretario sube a la tribuna para explicar los resultados de su dependencia. Empieza antes, con la responsabilidad de quienes tienen la obligación de escuchar, preguntar y revisar lo que está haciendo el gobierno. Por eso, la asistencia de las y los diputados a las comparecencias no es un simple requisito protocolario.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández, ha sido enfático en ese punto. Pidió a legisladores acudir tanto a las sesiones matutinas como a las vespertinas y dejó en claro que se trata de una obligación.
Su mensaje tiene sentido: quienes representan a los ciudadanos no pueden ausentarse precisamente cuando tienen la oportunidad de exigir explicaciones al gabinete.
Sin embargo, desde la presidencia de la Mesa Directiva, Luis Vicente Aguilar Castillo planteó otro matiz. Al ser cuestionado sobre posibles sanciones económicas para quienes no acudan, dijo que no creía que las hubiera, aunque apeló a la responsabilidad de cada legislador, y a la obligación de cumplir con el trabajo para el que fueron electos.
No necesariamente estamos ante una contradicción jurídica. Las inasistencias a las sesiones ordinarias del Congreso tienen reglas y consecuencias propias, y no debe darse por hecho que ese mismo procedimiento se aplica automáticamente a las comparecencias. Pero sí hay una diferencia en el mensaje político: mientras Bautista defiende la obligatoriedad y disciplina, Aguilar deja abierta la posibilidad de que faltar no tenga una consecuencia económica.
Y ahí está el punto que merece atención. Si acudir a las comparecencias es parte de la responsabilidad de un diputado, tendría que existir claridad sobre qué sucede cuando alguien decide no cumplir. No se trata de convertir al Congreso en una escuela ni de imponer castigos por sistema. Se trata de que las obligaciones públicas tengan reglas y consecuencias claras.
La glosa del Segundo Informe es una oportunidad para revisar el desempeño de las dependencias, confrontar cifras, pedir explicaciones y conocer qué se ha hecho con los recursos públicos. Para que ese ejercicio tenga credibilidad, los funcionarios necesitan llegar preparados… pero los diputados también deben estar presentes y hacer su parte.
No sería razonable exigir puntualidad, resultados y responsabilidad a quienes comparecen, mientras la asistencia de quienes deben evaluarlos queda sujeta únicamente a la voluntad individual. La exigencia debe ser pareja, empezando por quienes tienen la facultad de fiscalizar políticamente al gobierno.
Esteban Bautista acierta al reclamar disciplina legislativa. Luis Vicente Aguilar (aunque tibio), tiene razón al apelar al compromiso de los representantes con la ciudadanía. Ambas posiciones podrían complementarse, siempre que no terminen transmitiendo incertidumbre sobre una obligación que debería ser indiscutible.
Al Congreso le corresponde exigir cuentas al gobierno, pero también demostrar que sabe rendirlas. Y la primera cuenta que debe entregar cada diputado es la de su propio trabajo… y asistencia.
Veremos qué ocurre, y si de verdad ocurre.
X: @aaguirre_g







